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La banca hace naufragar las negociaciones por las cláusulas suelo y obliga a ir a los tribunales

Los bancos sólo han aceptado uno de cada diez acuerdos para devolver a los consumidores lo pagado de más con carácter retroactivo y abocan a los afectados a ir al juzgado tras dilatar el proceso - Los jueces rechazan el plan de especializar un juzgado en Málaga para que lleve todas estas demandas y CSIF y SPJ-USO critican la alarmante falta de medios

 Lo de las cláusulas suelo se ha convertido en un culebrón que no acaba, como si en cada sobremesa el consumidor afectado fuera objeto de una broma pesada. Una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) abogó por, además de anular el abono de las cláusulas suelo poco transparentes, la devolución de lo pagado de más por el usuario desde la firma del contrato hipotecario y hasta que la cláusula es considerada no transparente, el Gobierno se sacó de la manga a finales de febrero un sistema de resolución extrajudicial para que bancos y usuarios se pusieran de acuerdo sobre el tema, pero ese mecanismo ha sido un «fracaso» por las «triquiñuelas de las entidades». Eso obliga a los afectados, que han perdido un tiempo precioso en el camino, a ir a los tribunales para reclamar sus derechos.

Ese es otro cantar, porque aquí los cocodrilos están en todas las orillas de la laguna. Por un lado, explica Ángel Yagüe, coordinador del Instituto Andaluz de Estudios Financieros, las entidades, en general y salvo honrosas excepciones, han puesto un rosario de pegas a los acuerdos y, por otro, el plan del Consejo General del Poder Judicial para especializar un juzgado por provincia en esta temática es, según sindicatos y jueces decanos –los jefes de la tropa, que conocen bien el terreno–, un brindis al sol.

En el primero de los casos, a los usuarios que acudieron a pedir la devolución de lo pagado de más de forma retroactiva, avalados por la sentencia europea que, de paso, hizo añicos la doctrina del Supremo, que fijó la retroactividad en mayo de 2013, se les ha dicho desde que sus cláusulas suelo sí eran transparentes y, por tanto, no hay nada que negociar, hasta que ya se había llegado a un acuerdo para que el cliente dejara de abonar la cláusula mensualmente y, por ende, ahora no se podía hablar de la devolución retroactiva, pasando por el argumento de que el cliente era una persona formada con estudios universitarios, incluidos abogados, y, por ello, sabían perfectamente lo que estaban firmando, subraya Yagüe. Algunos bancos, sin descender al caso concreto, han señalado que todas sus cláusulas son transparentes y que las que no cumplían con la legalidad son las recogidas en la sentencia del Supremo.

Otro argumento es que una determinada entidad ya dejó de aplicar la cláusula suelo antes de 2013 y, por tanto, es cosa juzgada y se acogen a la seguridad jurídica para no hablar de la devolución retroactiva.

«Yo he tenido casos en los que los bancos le han dicho a mis clientes que tenían una oferta para ellos pero no se la podían decir a nadie; o les hacían las ofertas verbalmente y no se las daban por escrito o, por ejemplo, se les dan dos días para firmar y si no, les informan, no podrán reclamar», reseñó. «Esto sólo ha servido para dilatar. Además, muchos no reclamarán, porque el sistema es difuso, viscoso, y han consumido tiempo y dinero; otra cosa es que hubiera sido ágil».

El Gobierno dio tres meses para llegar a un acuerdo entre entidades y usuarios, pero este jurista estima que en el 90% de los casos no se ha llegado a pacto alguno por las maniobras o «triquiñuelas de los bancos».

Y, ahora, ¿qué? Pues si usted es uno de los 50.000 malagueños con cláusula suelo que aún no ha reclamado o lo ha hecho y ya tiene el no de su banco, puede demandar, pero en esa calle también llueve demasiado, o eso parece. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado un plan, que entra hoy en vigor, para especializar un juzgado por provincia –o crearlos si es necesario– y que ahí desembarquen todas las demandas. El CGPJ dijo ayer que cuenta con el apoyo de las comunidades y el Ministerio de Justicia, pero los que saben qué se cuece y cómo se hacen estas cosas, los jueces decanos, ya han montado en cólera y varias veces. En Málaga, por ejemplo, si se crea un juzgado con un juez, un secretario y cuatro funcionarios, ya advirtió el juez decano José María Páez, que los ciudadanos tardarán años en tener una sentencia, porque miles de sentencisa en una sola oficina, con un juez que no es especialista en esta materia, sólo puede tener el efecto de colapso inmediato. En su opinión, harían falta cinco juzgados con seis funcionarios cada uno.

Hoy, de hecho, las cuatro asociaciones de jueces harán público un manifiesto en la Ciudad de la Justicia contra este plan, y antes, a las once de la mañana, CSIF se concentrará en la puerta para rechazar también el plan. «El impacto traerá consigo el colapso absoluto de los órganos que se especializan, donde se eternizarán no sólo estos procedimientos, sino los de otra clase que ya existían en el órgano y que seguirán teniendo entrada», precisa el sindicato. SPJ-USO también ha criticado el plan de urgencia.